Con este cierre quedan en forma inmediata cientos de niños sin colegio, y miles estarán obligados a pagar en los colegios particulares subvencionados, de cuyo negocio son parte el alcalde Jaime Pavez y el concejal Hunneus.

A raíz de estos hechos la directiva regional y comunal del colegio de profesores, los padres y apoderados, estudiantes, comité DD:HH de la Pintana y la concejal Claudia Pizarro, interpusieron ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, un recurso de protección en contra de la decisión tomada por el alcalde Jaime Pavez.

 Para Reinaldo, un creador de muebles que conocí en los 90

Y hoy enfrenta la muerte de su hijo, por todo su aguante y su dolor

Por Claudio Vásquez Gutiérrez

Diciembre  2010. Un incendio en una de las torres de la cárcel de san Miguel termina   con la vida de 81 personas y otras varias  quedan heridas. Se han escuchado múltiples explicaciones y análisis para poder explicar lo que no tiene mucha explicación frente al dolor de las familias y los cuerpos calcinados en una cárcel que está bajo el control del Estado de Chile.

Hace  103 años a tras otro grupo de hombres y mujeres, también en diciembre, fueron masacrados por pedir dignidad laboral. Esa vez fue en Iquique, en una escuela. Esos  pobres, esos  trabajadores, fueron olvidados y sólo la cultura los recuerda, porque a pesar del dolor y las muestras de solidaridad, los trabajadores durante estos 103 años han vivido condiciones paupérrimas e injustas, de hecho 103 años después de la matanza, también en el norte, 33 mineros  quedaron atrapados a 700 mts. Bajo tierra como producto de las malas condiciones laborales.

 Los hombres quemados vivos en la cárcel de San Miguel son hombres jóvenes de barrios empobrecidos, de familias pobres, que  cometieron distintos  tipos de delitos, robos, venta de piratería, violencias, tráfico, etc., etc.  Son hombres castigados  por sus delitos y castigados por sus biografías.  Sus  trayectorias trascurrieron en un tiempo en que la condena al delito en contra de la propiedad, es unánime  por parte de las autoridades sociales y políticas, tan unánime que desde hace algunos años se ha comenzado a condenar a los menores de 18 años, sin existir infraestructura, ni programa de rehabilitación adecuados, pero como mayoritariamente son pobres las voces de alerta que se han levando se han escuchado menos y se les ha restado importancia.

Las tragedias en las cárceles de Chile tienen una trayectoria larga, sólo en los últimos  10 años hay más de 200 muertos y siempre  que se suceden, vienen las voces oficiales que con ánimos voluntariosos  se comprometen a mejorar las  condiciones de quienes pagan sus deudas con la sociedad tras las rejas.  

La cárcel ha cobrado valor en el discurso político desde la dictadura. Eran recurrentes los llamados a la “mano dura” y  a la guerra  contra todo lo que atentara  contra el orden interno. Durante esos años las cárceles se atestaron de opositores y de quienes lucharon en contra del régimen.  En ese marco la cárcel sirvió de castigo y también para criminalizar la protesta y la disidencia, entonces la cárcel dejó de ser un artefacto propio del sistema judicial para convertirse en un instrumento político y como tal tomó un discurso propio y un valor en si mismo.

Todos  los  miembros de la sociedad que no transitan por el marco aceptado corre el riesgo de ser recluido, pero ya no recluido para volver a habilitarlo y que page un castigo justo, sino un castigo que tiene como único sur constituirse en un acto ejemplificador; un mensaje para el resto de la sociedad.

Las condiciones de esta diferencia  tienen relación directa con las condiciones del espacio carcelario.  El hacinamiento, la sobrepoblación, la ausencia de selectividad por compromiso delictual y la inseguridad del modelo carcelario hacen poco posible, por no decir nula la posibilidad de reinserción a la sociedad y lo deja como un largo paréntesis en la vida de las personas donde el acumulado de ese tiempo sólo se traduce en dolor y sobrevivencia.

A partir  de los años 90, una vez instaurada la democracia en Chile, como consecuencia de varios  hechos hay un cambio en la agenda temática  de los medios de comunicación. El secuestro del Cristian Edwards( hijo del dueño del diario El Mercurio), el asesinato del Senador Guzmán, una ola de asaltos a bancos, el desprestigio del discurso de la derecha política y la necesidad del las nuevas autoridades de desarticular a las organizaciones de izquierda  que estaban fuera del sistema,   generan el ambiente preciso para instalar en los medios de comunicación una temática no abordada con anterioridad. Surge de esta forma un potente  y permanente llamado de alerta a la comunidad en torno a la delincuencia, la  violencia y la drogadicción.

Estos  discursos instalados en la agenda noticiosa pasaron, a la conversación de los vecinos, al debate político, a  los ofertones de campaña y la política pública. Se instala entonces durante los años 90 toda una estructura estatal, comercial y mediática que le dice a los vecinos  que tengan cuidado, que alerten a las policías ante  cualquier acto sospechoso, que se cuiden de  los jóvenes que están en las esquinas y plazas. Se comienzan a articular mensaje para que la policía sea más efectiva, más cercana y rápida. Al poder judicial que sea menos garantista  y que termine con la “puerta giratoria”.  Es decir: más cárcel, más condena y más dureza.

Así llegamos  al nuevo siglo discutiendo la edad para comenzar a juzgar a los niños  que cometen delitos y el gran consenso político del país lo sitúa en los 16 años. Una  discusión alentada por periodistas que no se cansaron en repetir imágenes  de escenas violentas protagonizadas por jóvenes pobres, por políticos que vieron en ese discurso una forma de ganar adeptos, por un estado que no tuvo la conducción adecuada para frenar esta sicosis que exigía cárcel para todos y que no fue capaz de medir su propia capacidad de mantención del aumento desproporcionado del nº reos.

Detrás de estos discursos se abandona la idea de una sociedad justa y fraterna que brindaba posibilidades a los que cometen errores, y a cambio de esa vieja fraternidad se  instala la idea del consumismo, del éxito fácil, de la obtención de bienes materiales para la integración social. Desde los modelos culturales se incrementa la idea del consumismo, de los patrones de belleza y la frivolidad como idea de belleza. Los patrones estéticos también cambian e influyen en el habla, en la socialización y en las creencias de las personas.

Mientras todo esto ocurre, las cárceles comienzan a sobre poblarse, a saturarse. Los reos  tienen menos posibilidades de procesos de rehabilitación y quienes obtienen la libertad tienen pocos medios para integrarse a la sociedad ya que con los papeles manchados  tienen poco espacio de movilidad.  Quienes no conocen de esa situación o están más alejados de ella miran con sospecha a las personas que salen de la cárcel y hacen pocos esfuerzos por integrarlos. Ese hecho genera un círculo sin salida o con pocas posibilidades de ser roto. Así lo reconoce el Diputado Hugo Gutiérrez  “En todos los informes de derechos humanos se destaca el problema de hacinamiento en las cárceles chilenas, en cuanto foro que me han invitado en DD.HH. he dicho que aquí hay un problema profundo, permanente y constante en las cárceles chilenas”, precisó. Además, reitera su posición respecto a que en las cárceles chilenas no se rehabilita a las personas, recalcando que “no hay preocupación del Estado chileno de rehabilitar a los presos”.

Los  periodistas, dueños de medios de comunicaciones, políticos y funcionarios del estado pocas veces se preocupan de lo que ocurre al interior de los recintos penales. Quienes se preocupan son las familias de los reos, algunas organizaciones religiosas, de derechos humanos y algunas organizaciones sociales, pero su voz es muy débil y poco escuchada en este concierto de voces que pide tolerancia cero y mano dura.

Algunas autoridades como el Presidente de la Corte de Suprema, Milton Juica ha señalado que la actual situación carcelaria  que  vive el país obedece a una decisión política de quienes promovían que  Chile es un país inseguro y querían, señaló, cárcel para  todos.  Desde otra posición el Diputado Araya, presidente de la comisión de legislación y justicia  señala “considerando que de que existen pocas cárceles, una complicada situación de hacinamiento y condiciones inhumana en la mayoría de los casos. Nosotros en las gestiones anteriores fuimos muy críticos respecto a esta materia, ya que nunca vimos una estrategia clara y precisa”.

La cárcel se ha convertido en un castigo y en una condena no rehabilitadora así lo narra de forma  muy clara una persona  privada de libertad en el penal de la ciudad de castro “el Penal es un lugar donde el tiempo se ha detenido y el único propósito es castigar. Se ha detenido porque aquí se vive como el la Edad Media, nos pasan un pedazo de palo para que tallemos y ahí está el hombre tallando todo el día, haciendo palafitos, día, tras día, trabajando con una chaveta, está seis meses trabajando y al final viene un turista que por solidaridad o compasión compra  los palafitos  a trescientos pesos…. Están también los mueblistas, aquí hay 10, pero no podemos ser todos mueblistas y el resto es dar vueltas todo el día, esto es de otro tiempo, aquí todo está detenido, no es posible salir distinto… nadie nos ayuda”.

Mientras esto ocurre los Tribunales de justicia y toda la estructura jurídica se ordena para garantizar años de cárcel y mano muy dura a los delitos cometidos en contra de la propiedad y en los que se usa violencia, saben que la condena mediática y política es muy fuerte si no lo hacen de esa forma. Otros delitos en cambio reciben el beneplácito de la duda y la tolerancia. Ahí están los que coluden precios de fármacos  indispensables, los que abusan de niños y niñas, los  que cierran colegios públicos para convertir la educación en un buen negocio, quienes estafan al estado, y quienes ofrecen malas condiciones de seguridad y económicas a los trabajadores. Los autores de estos delitos ilustrados, que arrojan por cierto millonarias pérdidas y daños irreparables en las vidas de las personas no pasan ni un sólo minuto por las cárceles.   

Los 81 muertos en la cárcel del Estado Chileno el 8 de diciembre no clamaban justicia como los muertos de Iquique, sin embargo sus biografías deben estar llenas de vacios, de espacios donde el Estado, sus familias, la escuela, el trabajo, la comunidad no llegó a tiempo o lo hizo mal.

Los muertos de Iquique de hacer 103 años visualizaron el problema que les afectó y decidieron enfrentarlo con lo único que disponían, sus cuerpos y su trabajo. Esos trabajadores pobres albergaban la esperanza de una solución posible por el lado de la demanda, la organización y la solidaridad de clase. Los hombres empobrecidos  de la cárcel de san miguel tuvieron menos esperanza, fueron más castigados por el individualismo, con sus hermanos de clase las confianzas se destruyeron o simplemente no se vieron nunca. Esos  hombres fueron pocas veces visto por una sociedad que los condeno y recluyó para mantener la paz social, una paz social que se hizo cenizas junto a los cuerpos desesperados de esos  jóvenes que querían escapar y encontraron las barreras y los obstáculos que  les puso el Estado de Chile.

Nos preguntamos ¿Porqué el gobierno se pone del lado de los empresarios y no de los millones de los usuarios del transporte público, abusados, atropellados y estafados por los empresarios del Transantiago?  Lo ofrecido como servicio de movilización, dista mucho de lo que realmente hoy nos venden como servicio.

La inmensa mayoría de los santiaguinos, pagamos nuestro pasaje y es justo que se nos entreguen un servicio de calidad de acuerdo a lo ofrecido cuando se implemento este sistema. ¿Por qué el gobierno y los parlamentarios no les exigen a los empresarios que cumplan con lo prometido? Estamos seguros que están contemplados en los contratos, cosas tales como, regularidad en los horarios, botones de pánico, GPS, Cámaras de seguridad, etc. Se nos prometio que tendríamos más tiempo para estar en casa y un transporte de calidad, hoy gastamos más tiempo en trasladarnos y somos llevados a nuestros destinos amontonados como ganado, en buses que están lejos de cumplir con  lo prometido.

Rechazamos el proyecto de ley que está en curso en el parlamento, que busca sancionar a los usuarios del Transantiago cuando, estos no paguen el pasaje: Dicho proyecto es una aberración, ya que además de las multas, para los infractores, se le conculca el derecho a acceder a algunos  beneficios que entrega el Estado, con esto queda claro que el gobierno no esta a favor de las mayorías y se pone al servicio de los empresarios, para cuidar sus intereses. 

Llamamos a los pobladores a manifestarse en contra del alza y los abusos y a demandar un transporte público Estatal de calidad y a precio justo.

Comité ciudadano para la  promoción  y defensa de Derechos Humanos

Más de noventa millones de clientes acuden, cada semana, a las tiendas Wal-Mart. Sus más de novecientos mil empleados tienen prohibida la afiliación a cualquier sindicato. Cuando a alguno se le ocurre la idea, pasa a ser un desempleado más. La exitosa empresa niega sin disimulo uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas: la libertad de asociación. El fundador de Wal-Mart, Sam Walton, recibió en 1992 la Medalla de la Libertad, una de las más altas condecoraciones de los Estados Unidos.

Uno de cada cuatro adultos norteamericanos, y nueve de cada diez niños, engullen en Mc Donald’s la comida plástica que los engorda. Los trabajadores de Mc Donald’s son tan desechables como la comida que sirven: los pica la misma máquina. Tampoco ellos tienen el derecho de sindicalizarse.

En Malasia, donde los sindicatos obreros todavía existen y actúan, las empresas Intel, Motorola, Texas Instruments y Hewlett Packard lograron evitar esa molestia. El gobierno de Malasia declaró union free, libre de sindicatos, el sector electrónico.

Tampoco tenían ninguna posibilidad de agremiarse las ciento noventa obreras que murieron quemadas en Tailandia, en 1993, en el galpón trancado por fuera donde fabricaban los muñecos de Sesame Street, Bart Simpson y los Muppets.

Bush y Gore coincidieron, durante la campaña electoral del año pasado, en la necesidad de seguir imponiendo en el mundo el modelo norteamericano de relaciones laborales. “Nuestro estilo de trabajo”, como ambos lo llamaron, es el que está marcando el paso de la globalización que avanza con botas de siete leguas y entra hasta en los más remotos rincones del planeta.

La tecnología, que ha abolido las distancias, permite ahora que un obrero de Nike en Indonesia tenga que trabajar cien mil años para ganar lo que gana, en un año, un ejecutivo de Nike en Estados Unidos, y que un obrero de la ibm en Filipinas fabrique computadoras que él no puede comprar.

Es la continuación de la época colonial, en una escala jamás conocida. Los pobres del mundo siguen cumpliendo su función tradicional: proporcionan brazos baratos y productos baratos, aunque ahora produzcan muñecos, zapatos deportivos, computadoras o instrumentos de alta tecnología además de producir, como antes, caucho, arroz, café, azúcar y otras cosas malditas por el mercado mundial.

Desde 1919 se han firmado 183 convenios internacionales que regulan las relaciones de trabajo en el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, de esos 183 acuerdos Francia ratificó 115, Noruega 106, Alemania 76 y Estados Unidos… 14. El país que encabeza el proceso de globalización sólo obedece sus propias órdenes. Así garantiza suficiente impunidad a sus grandes corporaciones, lanzadas a la cacería de mano de obra barata y a la conquista de territorios que las industrias sucias pueden contaminar a su antojo. Paradójicamente, este país que no reconoce más ley que la ley del trabajo fuera de la ley es el que ahora dice que no habrá más remedio que incluir “cláusulas sociales” y de “protección ambiental” en los acuerdos de libre comercio. ¿Qué sería de la realidad sin la publicidad que la enmascara?

Esas cláusulas son meros impuestos que el vicio paga a la virtud con cargo al rubro relaciones públicas, pero la sola mención de los derechos obreros pone los pelos de punta a los más fervorosos abogados del salario de hambre, el horario de goma y el despido libre. Desde que Ernesto Zedillo dejó la presidencia de México pasó a integrar los directorios de la Union Pacific Corporation y del consorcio Procter & Gamble, que opera en 140 países. Además, encabeza una comisión de las Naciones Unidas y difunde sus pensamientos en la revista Forbes: en idioma tecnocratés, se indigna contra “la imposición de estándares laborales homogéneos en los nuevos acuerdos comerciales”. Traducido, eso significa: arrojemos de una buena vez al tacho de la basura toda la legislación internacional que todavía protege a los trabajadores. El presidente jubilado cobra por predicar la esclavitud. Pero el principal director ejecutivo de General Electric lo dice más claro: “Para competir, hay que exprimir los limones”. Los hechos son los hechos.

Ante las denuncias y las protestas, las empresas se lavan las manos: yo no fui. En la industria posmoderna, el trabajo ya no está concentrado. Así es en todas partes, y no sólo en la actividad privada. Los contratistas fabrican las tres cuartas partes de los autos de Toyota. De cada cinco obreros de Volkswagen en Brasil, sólo uno es empleado de la empresa. De los 81 obreros de Petrobrás muertos en accidentes de trabajo en los últimos tres años, 66 estaban al servicio de contratistas que no cumplen las normas de seguridad. A través de trescientas empresas contratistas, China produce la mitad de todas las muñecas Barbie para las niñas del mundo. En China sí hay sindicatos, pero obedecen a un Estado que en nombre del socialismo se ocupa de la disciplina de la mano de obra: “Nosotros combatimos la agitación obrera y la inestabilidad social, para asegurar un clima favorable a los inversores”, explicó recientemente Bo Xilai, secretario general del Partido Comunista en uno de los mayores puertos del país.

El poder económico está más monopolizado que nunca, pero los países y las personas compiten en lo que pueden: a ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad. A la vera del camino están quedando los restos de las conquistas arrancadas por dos siglos de luchas obreras en el mundo.

Las plantas maquiladoras de México, Centroamérica y el Caribe, que por algo se llaman sweat shops, talleres del sudor, crecen a un ritmo mucho más acelerado que la industria en su conjunto. Ocho de cada diez nuevos empleos en la Argentina están “en negro”, sin ninguna protección legal. Nueve de cada diez nuevos empleos en toda América Latina corresponden al “sector informal”, un eufemismo para decir que los trabajadores están librados a la buena de Dios. La estabilidad laboral y los demás derechos de los trabajadores, ¿serán de aquí a poco un tema para arqueólogos? ¿No más que recuerdos de una especie extinguida?

En el mundo al revés, la libertad oprime: la libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo, que es la más cárcel de todas las cárceles. El dios del mercado amenaza y castiga; y bien lo sabe cualquier trabajador, en cualquier lugar. El miedo al desempleo, que sirve a los empleadores para reducir sus costos de mano de obra y multiplicar la productividad, es, hoy por hoy, la fuente de angustia más universal. ¿Quién está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas colas de los que buscan trabajo? ¿Quién no teme convertirse en un “obstáculo interno”, para decirlo con las palabras del presidente de la Coca-Cola, que hace un año y medio explicó el despido de miles de trabajadores diciendo que “hemos eliminado los obstáculos internos”?

Y en tren de preguntas, la última: ante la globalización del dinero, que divide al mundo en domadores y domados, ¿se podrá internacionalizar la lucha por la dignidad del trabajo? Menudo desafío.

Eduardo Galeano

Elena Varela López

  El mundo entero, aturdido como está, deambulando como ciego en tiroteo, tendría que escuchar esas voces. Ellas nos enseñan que nosotros, los humanitos, somos parte de la naturaleza, parientes de todos los que tienen piernas, patas, alas o raíces. La conquista europea condenó por idolatría a los indígenas que vivían esa comunión, y por creer en ella fueron azotados, degollados o quemados vivos.

 Gentileza: virtin red informativa internacional

Lamentablemente, no podré estar con ustedes. Se me atravesó un palo en la rueda, que me impide viajar.

Pero quiero acompañar de alguna manera esta reunión de ustedes, esta reunión de los míos, ya que no tengo más remedio que hacer lo poquito que puedo y no lo muchito que quiero.

Y por estar sin estar estando, al menos les envío estas palabras.

Quiero decirles que ojalá se pueda hacer todo lo posible, y lo imposible también, para que la Cumbre de la Madre Tierra sea la primera etapa hacia la expresión colectiva de los pueblos que no dirigen la política mundial, pero la padecen.

Ojalá seamos capaces de llevar adelante estas dos iniciativas del compañero Evo, el Tribunal de la Justicia Climática y el Referéndum Mundial contra un sistema de poder fundado en la guerra y el derroche, que desprecia la vida humana y pone bandera de remate a nuestros bienes terrenales.

Ojalá seamos capaces de hablar poco y hacer mucho. Graves daños nos ha hecho, y nos sigue haciendo, la inflación palabraria, que en América latina es más nociva que la inflación monetaria. Y también, y sobre todo, estamos hartos de la hipocresía de los países ricos, que nos están dejando sin planeta mientras pronuncian pomposos discursos para disimular el secuestro.

Hay quienes dicen que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. Otros dicen que la hipocresía es la única prueba de la existencia del infinito. Y el discurserío de la llamada “comunidad internacional”, ese club de banqueros y guerreros, prueba que las dos definiciones son correctas.

Yo quiero celebrar, en cambio, la fuerza de verdad que irradian las palabras y los silencios que nacen de la comunión humana con la naturaleza. Y no es por casualidad que esta Cumbre de la Madre Tierra se realiza en Bolivia, esta nación de naciones que se está redescubriendo a sí misma al cabo de dos siglos de vida mentida.

Bolivia acaba de celebrar los diez años de la victoria popular en la guerra del agua, cuando el pueblo de Cochabamba fue capaz de derrotar a una todopoderosa empresa de California, dueña del agua por obra y gracia de un gobierno que decía ser boliviano y era muy generoso con lo ajeno.

Esa guerra del agua fue una de las batallas que esta tierra sigue librando en defensa de sus recursos naturales, o sea: en defensa de su identidad con la naturaleza.

Hay voces del pasado que hablan al futuro.

Bolivia es una de las naciones americanas donde las culturas indígenas han sabido sobrevivir, y esas voces resuenan ahora con más fuerza que nunca, a pesar del largo tiempo de la persecución y del desprecio.

El mundo entero, aturdido como está, deambulando como ciego en tiroteo, tendría que escuchar esas voces. Ellas nos enseñan que nosotros, los humanitos, somos parte de la naturaleza, parientes de todos los que tienen piernas, patas, alas o raíces. La conquista europea condenó por idolatría a los indígenas que vivían esa comunión, y por creer en ella fueron azotados, degollados o quemados vivos.

Desde aquellos tiempos del Renacimiento europeo, la naturaleza se convirtió en mercancía o en obstáculo al progreso humano. Y hasta hoy, ese divorcio entre nosotros y ella ha persistido, a tal punto que todavía hay gente de buena voluntad que se conmueve por la pobre naturaleza, tan maltratada, tan lastimada, pero viéndola desde afuera.

Las culturas indígenas la ven desde adentro. Viéndola, me veo. Lo que contra ella hago, está hecho contra mí. En ella me encuentro, mis piernas son también el camino que las anda.

Celebremos, pues, esta Cumbre de la Madre Tierra. Y ojalá los sordos escuchen: los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad.

Vuelan abrazos, desde Montevideo.

El gobierno chileno de Sebastian Piñera “condena situación de derechos humanos en Cuba”, que sucede con el caso de los 100 presos políticos mapuche que existen “adportas del bicentenario”, entre estos del joven comunicador Pascual Pichún, y con los asesinato de los jóvenes Alex Lemun, Matias Catrileo y Jaime Mendoza Collio en esta pseudo democracia

por http://www.mapuexpress.net

Ngulumapu – En Chile existen “Cien presos políticos mapuche adportas del bicentenario”, señala el reporte de la periodista Lucia Sepulveda realizado en septiembre del 2009. La persecución política y la prisión no escatima en que sean mujeres o menores de edad, autoridades tradicionales o sustento de sus familia, nada más alejado de lo establecido por el Convenio 169 que exige se privilegien las penas alternativas a la prisión en el caso de las personas indígenas y a lo señalado por los organismos de Naciones Unidas las que, por su parte, condenan la persecución de los mapuche defensores de los derechos humanos.

El último de estos casos de prisión política de personas mapuche es el del joven comunicador Pascual Pichún Collonao, hijo del Lonko Pascual Pichún de Temulemu (Ercilla) quien fue detenido el día 26 de febrero en Temuco. Se refugio en Argentina durante 5 años fue, tras ser acusado el año 2002 de incendiar un camión forestal en las inmediaciones de su comunidad, fue condenado por los tribunales chilenos a pesar de no existir pruebas concretas en su contra.

Asesinados en la pseudo democracia

La cuestión que resulta más dolorosa para el pueblo mapuche son los casos de asesinados en esta pseudo democracia el caso de Alex Lemun el 2002, ejecutado por una bala en la cabeza por el teniente de Carabineros de Chile Marco Aurelio Treuer, quien le disparó a quemarropa en una recuperación de tierras de la Comunidad Mapuche “Montutui Mapu” del sector Aguas Buenas de Ercilla.

El caso de Matías Catrileo, quien el 2008 recibió por la espalda una ráfaga de subametralladora UZI por parte del cabo 2º de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza, y el caso de Jaime Mendoza Collio el 13 de agosto de 2009 de la comunidad Requén Pillán, quien tras resistir la arremetida policial, recibió el disparo de una pistola 9 mm percutida por el Cabo del GOPE Miguel Jara. Estos y otros casos los que hasta hoy no han tenido una respuesta plena, de completa justicia, por parte del Estado chileno.

Alai, marzo

2010.
A cada chilena/chileno le toca sufrir al menos un terremoto en su existencia. Se reparten por todo el territorio: norte, centro y sur. Algunos van acompañados de maremotos que, si no son previstos, destruyen muchas vidas. En su estadística larga, los sismos parecen ‘preferir’ el norte lo que, dentro del infortunio, es menos malo porque allí es donde reside una menor cantidad de gente. Por fortuna, la capital, Santiago, con un 40% de la población (hoy, unos 7 millones de personas) total, no fue particularmente afectada por terremotos durante el siglo XX. El del 27 de febrero recién pasado, conmovió a Santiago, pero su epicentro estuvo más próximo a la ciudad de Concepción, 500 kilómetros al sur.

El cable ha informado de los daños y muertes causados por la pareja terremoto/maremoto, y ha mostrado también imágenes de enfrentamientospor saqueos realizados por necesidad o negocio y acciones vandálicas que ‘obligaron’ al gobierno a imponer un Estado de sitio en Concepción. Un periódico lo narra así: “El caos social en Concepción dio la vuelta al mundo. Durante el lunes el sonido de las sirenas de ambulancias y bomberos se mezcló con el ruido de 25 tanques y con tiros que militares lanzaban al aire: en un día hubo cinco incendios intencionales, según Carabineros, para distraer a las fuerzas del orden y así saquear tiendas y edificios aledaños”. La fuerza del terremoto se combina con la violencia social. La violencia que afecta a la propiedad y al ‘orden’ de los propietarios, convoca la represión de los cuerpos militares o militarizados. Carabineros es policía militarizada. El Estado de sitio impuesto por el gobierno de Chile le significó movilizar entre 7 y10 mil soldados.

Alguien no chileno podría preguntarse. ¿Para qué tanto soldado pertrechado como para una guerra de exterminio? Cascos, armas pesadas, tanques, lanzacohetes, vehículos acorazados. En otros países-desastres se utiliza a militares para cooperar con la Cruz Roja y cautelar la distribución gratuita de ayuda. Los soldados chilenos, en cambio, protegen a las grandes tiendas y a los megamercados. No están allí para aliviar a una población que muy mayoritariamente no es delincuente. En Concepción la autoridad militar limitó a seis horas diarias el tiempo en que se podía salir a la calle para buscar agua, alimento o combustible. El resto del día, los civiles eran juzgadosagresores potenciales.

Ni televisión ni cable muestran o enfatizan que el auxilio necesario y urgente ha sido lento o no llegó. El control militar, en cambio, fue pronto y masivo. Un chileno opina que si los empresarios a quienes se defiende del saqueo hubiesen donado alimentos a la población, el asalto se habría minimizado y los alimentos perecibles no se hubieran podrido. Porque hambre había. Pero a empresarios, políticos y militares chilenos, ‘donar’ horizontalmente una parte de su propiedad y bienes, incluso en un situación de casi entero desamparo, les parece intolerable, un robo vil. Reservan su bondad para elshow de la Teletón. En la vida diaria, en cambio, exigen soldados y carabineros para que secuestren a la población y disparen, como escribe el periodista, “al aire”, o a matar.

En Chile militares y policías han hecho bien su trabajo de disparar a matarpara asegurar la propiedad señorial y el ‘orden’ oligárquico y neoligárquico. Un Premio Nacional de Historia de ese país, Gabriel Salazar, resume el punto: “Es la vieja práctica del Ejército chileno que, recordemos, se formó matando mapuches y después rotos y peones. La gran solución siempre ha sido tirar a matar y el problema continúa: cuento 23 masacres y todas contra la clase popular”. Además de la destructividad de sismos y maremotos, Chile es un país de masacres. Sus Fuerzas Armadas y su Policía  han sido casi siempre el brazo armado y cruel del imperio señorial. Han golpeado a indígenas y campesinos que reclamaban la usurpación de sus tierras (Ranquil, 1934), a obreros que se levantaban contra la superexplotación que los aniquilaba junto con sus familias (Santa María de Iquique, 1907), o a pobladores que ocupaban terrenos para levantar sus campamentos (Pampa Irigoyen, 1969). No solo han asesinado a humildes. También dieron forma a un ‘espectáculo’ urbano con la matanza de 59 jóvenes y estudiantes en el edificio capitalino del Seguro Obrero (1938). Son solo ejemplos. La sensibilidad de los aparatos militares chilenos se forjó asimismo en guerras racistas de rapiña, saqueo y ocupación contra las poblaciones y territorios deBolivia y Perú (s. XIX). Una de sus batallas, la de Yungay (1839) suele considerarse fundacional de la ‘nación’ chilena. Estas masacres y guerras se mantienen en la memoria como “glorias patrias”. Son ejemplares.

Más recientemente y durante 17 años (1973-1990) los aparatos militares y policiales chilenos acosaron, saquearon bienes, encarcelaron, violaron, torturaron, secuestraron, antes de destrozar o ‘tirar a matar’ a millares de civiles. Obtuvieron ventajas por su comportamiento. Ya no fueron brazo armado de los patrones, sino una sección armada y bien pagada de ellos. La mayor parte de sus delitos está impune. La ‘cultura’ del miedo, la sujeción y también la explosiva irritación y la tosca arrogancia son constitutivas del ‘éxito’ chileno’. En Chile, empresarios, políticos ‘oficiales’ y magistrados presumen de ‘sus’ fuerzas armadas.

La Naturaleza no sabe que hace violencia. Una cultura de violencia como la chilena debería agraviar a todos. La Naturaleza no se jacta de nada. Los dueños de Chile, desde siempre, llaman a su brutal violencia impune, “la Patria”. La bendicen.
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En este trabajo se utilizó una entrevista a Gabriel Salazar: “El descontento va a seguir y la única vía será robar” (entrevista, La Nación, 03/03/2010, Santiago de Chile), un artículo de Juan Sepúlveda: “El terremoto del bicentenario: un crudo scanner al país” (Comité Ecuménico de Proyectos, Chile) y otros materiales periodísticos.