Archivo para febrero 2010

Contraloria General de la República se pronuncia frente a irregularidades de la Comuna de La Pintana

febrero 8, 2010

Un fallo  categórico entregó la Contraloria General de la República, frente a las irregularidadesd cometidas por la autoridad municipal en la construcción del Estadio de la Comuna: La principal negligencia  es el abandono de deberes a la hora de proteger el bien público y el patrimonio de la comuna.

 

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A despenalizar la libertad de expresión

febrero 6, 2010

En 2009, siete radios comunitarias fueron cerradas por transmitir sin licencia, acusadas de interceptación de telecomunicaciones, lo que según la Ley General de Telecomunicaciones supone sanciones que van de multas e incautación de equipos hasta penas de prisión.

“Hay que impedir que más radios comunitarias sean silenciadas con la aplicación del derecho penal a la libertad de expresión, dijo a IPS Juan Enrique Ortega, de la no gubernamental Educación y Comunicaciones (ECO).

Radio Sin Tierra es una de las radios silenciadas. Se trata de una iniciativa de vecinos y estudiantes que trabajan voluntariamente en la emisora de Peñalolén, un sector popular del sureste de Santiago.

“Estoy en calidad de imputado por simplemente estar comunicando, por nuestra libertad de poder comunicarnos con el resto de la comunidad”, dijo a IPS Fidel Galaz, uno de los radiodifusores de la emisora clausurada.

“Todos tienen derecho a comunicarse, más allá de si cuenta o no con los recursos para pagarle a la Subtel”, enfatizó en referencia a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que se ocupa del otorgamiento de las licencias para operar el espectro radioeléctrico, un requisito que exige una inversión de la que esta radio comunitaria no dispone, al igual que otras muchas.

ECO estima que en Chile se debe invertir el equivalente de 2.000 dólares para postular a una licencia, sin que en contrapartida exista un sistema de subsidios destinado a promover la comunicación comunitaria y la igualdad de acceso.

Galaz rechazó el ofrecimiento del tribunal de una salida alternativa que suponía acoger la denuncia en su contra y terminar sus transmisiones, para liberarlo de posibles condenas.

Para este comunicador eso significaba el abandonar un proyecto colectivo y aceptar que los silenciaran. De ser condenado, se arriesga a tener que pagar una alta suma en multas y a una pena de hasta tres años de prisión.

La exigencia de terminar con lo que denominan la criminalización del ejercicio de la radiodifusión, es uno de los motores de la plataforma social conformada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), la local Red de Medios de los Pueblos (RMP), la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, ECO y la Corporación La Morada.

La presidenta para América Latina de Amarc, María Pía Matta, dijo a IPS que “la coerción por parte de los estados y aplicar el derecho penal en esa materia nos parece que es atrasado”.

Matta subrayó que al criminalizar la radiodifusión comunitaria, Chile ” no está cumpliendo con los estándares internacionales a la que todos los gobiernos de América Latina se han suscrito a través del Pacto de San José de Costa Rica”, como se conoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente desde 1978.

En su visita a Chile en septiembre, la Relatora por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, sostuvo que “el derecho penal no está hecho para perseguir” a quienes ponen emisoras comunitarias. “El derecho penal está hecho para perseguir asesinos, ladrones, estafadores” y no a comunicadores, aseguró.

En América Latina, solo Chile y Brasil mantienen la transmisión sin licencia como un delito penal.

Las organizaciones de comunicación y las radios comunitarias exigen que se derogue el artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones, que califica de delito penal emitir sin licencia y es una herencia de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

La norma nació en 1982 como un Decreto Supremo de Pinochet, con el fin de perseguir y acallar a los medios opositores.

Pasados 20 años de la recuperación de la democracia, solo ahora el ya saliente gobierno de Michelle Bachelet se ha mostrado dispuesto a enviar al bicameral Congreso legislativo un proyecto de ley que elimine la criminalización de la radiodifusión comunitaria sin licencia.

“El Gobierno se comprometió a estudiar y enviar un proyecto de un solo artículo que modifique la ley vigente, de manera de evitar las penas corporales para estos delitos”, sostuvo la ministra de la Secretaría General del Gobierno, Pilar Armanet.

La iniciativa se enviaría al comenzar marzo, en las vísperas de que el día 11 la socialista Bachelet entregue la presidencia a Sebastián Piñera, el multimillonario empresario de derecha que ganó las elecciones del 17 de enero.

Así que sólo si el Ejecutivo establece un trámite de urgencia la derogación de la medida no quedaría atrapada entre las prioridades legislativas que establezca el nuevo gobierno.

Para la presidenta regional de Amarc, además no hay certeza sobre cuál sería la posición en la materia del gobierno de Piñera.

Y en cualquier caso, aunque se elimine la pena de prisión para la radiodifusión sin licencia, se mantendría la incautación de bienes y la imposición de multas.

El informe sobre Radiodifusión en Chile, producido por RMP y ECO y difundido en diciembre, revela que casi la totalidad de las acciones judiciales fueron interpuestas por miembros de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Chile, que agrupa a las emisoras comerciales.

Para la RMP se trata de una persecución con tintes ideológicos y de imposición de las reglas del mercado, donde las comunicaciones son vistas solo como un negocio, y que se traduce en el hostigamiento a los comunicadores comunitarios y su criminalización por la justicia.

Esa persecución “implica que se hace un rastreo, un seguimiento de quienes son las personas que están tras los medios comunitarios con el fin de denunciarlos a la Secretaría de Telecomunicaciones o directamente al Ministerio Público”, dijo a IPS Paulina Acevedo, integrante de RMP.

Los radiodifusores comunitarios recibieron en enero una noticia que les tiene satisfechos a medias. En enero, el parlamento aprobó una ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria, lo que beneficiaría a las cerca de 400 radios comunitarias con licencia en el país, que actualmente funcionan bajo la figura de radios de mínima cobertura.

La nueva ley, que está a la espera de su promulgación por Bachelet, reconoce legalmente su carácter social y comunitario, ofrece algunas mejoras técnicas, como el aumento de su potencia a 25 vatios, y amplia las concesiones hasta 15 años.

RMP, que agrupa a más de 50 medios comunitarios de distinto tipo, considera un avance la nueva norma, pero también alerta que supondrá una restricción para la proliferación de estos medios, ya que las relega a un segmento que limitará la posibilidad de concesiones.

También cuestiona que las emisoras tengan que ser certificadas como “comunitarias” por la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General del Gobierno, porque condiciona el permiso a la voluntad de turno de un gobierno, lo que facilitará abusos y arbitrariedades.

Para Ortega, de ECO, el problema es que no se entiende que el derecho a la comunicación es parte esencial de los derechos humanos. “Para avanzar en el reconocimiento y garantizar la libertad de expresión hay que democratizar las comunicaciones, y eso no se logra con esta ley”, agregó.

Según la ley, las radios comunitarias no podrán ocupar más de cinco por ciento del espectro radioeléctrico chileno.

Las organizaciones sociales y los radiodifusores comunitarios han planteado al gobierno saliente que este mes se realice una mesa de trabajo especial, con amplia participación de la sociedad civil, para discutir los criterios para la redacción del reglamento que determinará la aplicación de la ley de Radios Comunitarias.

En esa instancia, podría adecuarse mejor las normas de cumplimiento a la realidad de estos medios populares, y al mismo tiempo impulsar que quede derogado antes del 11 de marzo el artículo que faculta que a los comunicadores comunitarios se les aplique el Código Penal.

A la comunidad

febrero 2, 2010

El pasado jueves los jueces DEL SEXTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO se pronunciaron frente a la denuncia interpuesta por Paloma Cárcamo en contra de un funcionario Municipal acusado por cometer abusos sexuales y violación en su contra.

En esta ocasión el fallo no incorporó todos los elementos de prueba y todas las situaciones que rodearon este proceso. Finalmente los jueces señalaron que no existen pruebas suficientes para acreditar las denuncias de Paloma.

LOS HECHOS. Desde que se inició el proceso de denuncia en contra del funcionario municipal acusado por la secretaria de su departamento hubo una serie de irregularidades que hablan por su propio peso.

Primero el acusado y los testigos declararon situaciones y hechos distintos ante el tribunal y en el sumario administrativo que se llevó a cabo al interior de la dependencia municipal. Es decir en alguno de los dos lugares faltaron a la verdad. Este hecho es una situación grave, más grave aún cuando son funcionarios públicos quienes faltan a la verdad de esta forma, toda vez que los funcionarios públicos están obligados a denunciar los delitos de los que son testigos o los que están en su conocimiento.

Segundo. Hubo permanentemente una estrategia para dejar sin efecto el juicio por razones administrativas y de forma, sin abordar el fondo de la denuncia y sin la intención de alegar la inocencia del acusado. Una estrategia muy utilizada por los defensores de los violadores a los derechos humanos en los juicios, y por cierto una estrategia muy considerada por los jueces.

Tercero. Hubo pruebas que quedaron fuera del juicio y no fueron consideradas en la sentencia por razones administrativas, como un servilleta, que el acusado y sus testigos señalan que fue escrita por la denunciante para proponer un encuentro sexual (con sus compañeros de trabajo asistente al almuerzo, en el día de la secretaria). Los peritos de la Policía acreditaron que esa prueba es falsa y no corresponde a la letra de la víctima, muy por el contrario esa fue una prueba construida y falsificada.

Cuarto. Se utilizan como testigos a funcionarios municipales que están jerárquicamente en situación de inferioridad respecto del acusado.

Quinto la fiscalía no realizó la tarea de investigar los hechos y se cae en el absurdo de aceptar como respuestas de los testigos que no recuerdan el lugar donde concurrieron a celebrar el día de la secretaria, lugar donde parte la cadena de hechos posteriores.

Sexto. Ninguno de los testigos que estaban en la comida se acuerda del hecho de la servilleta, ni lo declaran en el sumario administrativo ni en el posterior juicio, por lo cual caben dos hipótesis: o estaban todos bajo el efecto del alcohol lo cual indudablemente no les permite saber que paso en ese almuerzo, inclusive de la existencia de una servilleta escrita; o todos se coludieron para crear una prueba falsa para encubrir un posible delito que habría de ocurrir.

Si se aceptara la primera hipótesis, entonces todos los testigos mintieron en el sumario y en el Juicio, pues ellos juran que tomaron sólo bebidas y muy poco alcohol, pero se acuerdan de lo que comieron y bebieron, pero no de la servilleta, y si fuera así Paloma no habría estado conciente de sus hechos, lo cual indudablemente echaría abajo la afirmación de los testigos de que existió consentimiento mutuo entre las partes.

Si se aceptara la segunda hipótesis, entonces todos sabrían de la existencia de la servilleta, de su confección y de la falsificación de la letra y firma de Paloma, hecho que fue verificado por un peritaje de investigaciones, ¿ pero con que oscura intenciones se falsifica algo para presentarlo como prueba en un tribunal?.

La sentencia de los jueces es que no ha sido posible acreditar el delito que Paloma denuncia, es decir la violación, sin embargo acá podemos dar cuenta de varios ilícitos, e irregularidades que debe continuar investigándose.

Comité por la Promoción de Derechos Humanos